Medidas que aporta la legislación para combatir la morosidad

Medidas que aporta la legislación para combatir la morosidad

Medidas que aporta la legislación para combatir la morosidad

En un post anterior me referí a la normativa existente en España y en la Comunidad Europea, respecto a la morosidad y sus diferentes adaptaciones. En España la Ley “por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales” data de diciembre de 2004 (Ley 3/2004 de 29 de diciembre). Esta Ley se ha ido modificando hasta su última publicación en octubre de 2014.

Me gustaría compartir las principales medidas que regula esta Ley y que representan para el acreedor ciertos derechos y garantías de prevención al posible efecto de un impagado. Estas medidas en muchos casos son o bien desconocidas u obviadas, lo que no quita su gran importancia en las relaciones comerciales.

A su vez también es importante resaltar que esta Ley solo es de aplicación para las relaciones comerciales entre empresas y entre éstas y la administración, en ningún caso cuando intervengan consumidores u otros pagos por indemnizaciones o procedimientos concursales, entre otros.

Una de las medidas más importantes y que seguramente sorprenderán más, es la determinación de los plazos de pago. Según nuestra Ley el plazo de pago, si no se hubiese fijado, será de 30 días naturales. Ciertamente en caso de pacto entre las partes, el vencimiento puede llegar como máximo a los 60 días.

Otro de los aspectos que puede llevar a conflicto es desde cuando se empiezan a contar los plazos, ya que según el caso debería ser desde el momento en que se ponen a disposición los bienes o los servicios al cliente. Por otro lado si existe contrato donde se especifiquen plazos, será en el momento de la recepción de la factura cuando se iniciasen. La factura deberá hacérseles llegar a los clientes antes de los 15 días naturales a contar desde la recepción efectiva de las mercancías o de la prestación del servicio.

En el caso de que la mercancía deba ser comprobada o aceptada, los plazos correrán a partir del momento de la aceptación y no podrán exceder de los 30 días naturales, aunque la factura fuese anterior a la aceptación o comprobación.

Al margen del momento en el cual empiezan a correr los plazos, me imagino la cara de escepticismo de muchas empresas que contratan con la Administración, grandes constructoras o con multinacionales de consumo, donde los plazos de pago son muy superiores, llegando incluso a ser de 150, 180 o 210 días.

Resulta inquietante la reacción de la Comisión Europea cuando en nota de prensa, emitida en febrero de 2017, insta a España a que actúe por tener una “legislación que amplía sistemáticamente en treinta días el plazo de pago legal” y envía una carta de emplazamiento, solicitando más información al Estado.

El acreedor tendrá derecho a recibir en caso de retraso o incumplimiento del pago intereses de demora. Estos intereses pueden estar pactados o no en el contrato y podrán reclamarse sin necesidad de comunicación alguna al deudor, ni del vencimiento ni de que se vaya a ejercer este derecho.

Para ello deberán concurrir dos circunstancias:

  • que el acreedor haya cumplido con lo estipulado en el contrato y con todos los apartados legales, y
  • que no se haya recibido al vencimiento la cantidad debida, salvo que se pueda demostrar que el incumplimiento es ajeno al deudor.

En el caso de una operación con pagos fragmentados, únicamente devengarán intereses por los plazos vencidos y no abonados.

El interés de demora que el deudor deberá pagar al acreedor será, o bien el pactado en contrato o el publicado por el Ministerio de Economía Industria y Competitividad (esta es la actual denominación del Ministerio responsable) en caso de no estar establecido en contrato. En la Ley se establecen los parámetros de cálculo y los índices de referencia, incrementándose en 8 puntos porcentuales. Se aplica durante los 6 meses siguientes a su publicación, que coinciden con los meses de diciembre y junio. El tipo de interés para el primer semestre del 2018 es del 8%.

El acreedor podrá cobrar al deudor los costes en que incurra a causa del impago. Estos costes deberán estar correctamente acreditados y en cualquier caso, la indemnización mínima que el acreedor tiene derecho por este concepto, son 40,00 €, lo cual no quita que pueda reclamarle una cantidad inferior.

Únicamente en el caso que el deudor no sea responsable del incumplimiento, quedaría exonerado de la obligación de abonar esta indemnización.

Se considerarán nulas las cláusulas y prácticas abusivas. Serán consideradas manifiestamente abusivas las cláusulas o prácticas que sobre los plazos de pago, tipo de interés de demora o compensaciones por los costes de cobro, supongan un perjuicio al acreedor.

Si la finalidad de las cláusulas es para obtener el deudor una liquidez adicional a expensas del acreedor o bien el contratista impone a los subcontratistas condiciones de pago no justificadas, serán determinadas como abusivas.

Debe tenerse en cuenta que la determinación de la condición de abusivo, deberá hacerlo un Juez.

Se permite la inclusión de la cláusula de reserva de dominio, pero para que ésta tenga validez, deberá haberse reflejado contractualmente con anterioridad de la entrega del bien. El vendedor podrá subrogar el derecho a un tercero. Éstos podrán retener la documentación acreditativa de la titularidad de los bienes afectados.

Este elenco de medidas son las que quedan articuladas en la Ley de lucha contra la morosidad. Hay que recordar que estas medidas son en relaciones entre empresas, no son aplicables en los casos de empresas y consumidores, para ello existe otra Ley donde quedaría regulado.

Ahora cabe juzgar si realmente se está aplicando esta Ley o por el contrario las prácticas abusivas y los derechos de los acreedores están mermados y denigrados por parte de empresas que pretenden obtener una liquidez y financiación adicional a costa de sus acreedores.

Como se intuye las consecuencias de la implantación en España de esta Ley es mínima, pero realmente nosotros tenemos nuestra parte de responsabilidad, al menos en lo que respecta al cobro de nuestros clientes. El conocimiento de la norma nos aporta cierta seguridad y también la forma como debemos actuar frente actuaciones abusivas o descaradas.

La información del cliente, la formación de nuestro personal, el conocimiento del procedimiento y el seguimiento del proceso, es la mejor garantía para evitar impagados o al menos minimizarlos.