Normativas por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad

Normativas por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad

Es realmente curioso que teniendo en cuenta la problemática de la morosidad tradicionalmente en nuestro país, no se haya hecho una Ley específica que trate esta problemática hasta el año 2004 y que además, se haya hecho como consecuencia del requerimiento o mandato del Consejo de Europa. Muestra este hecho la relevancia y la “gran preocupación” que los legisladores han mostrado a esta situación tan perjudicial, sobre todo para las pequeñas empresas y autónomos, ya que las grandes suelen disponer de recursos para afrontar sus impagados.

Nuestra Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, es consecuencia de la obligatoriedad de la aplicación de la Directiva Comunitaria 2000/35/CE, con el mismo nombre y, ésta a su vez es el resultado de la recomendación del Parlamento Europeo que instó a la Comisión a realizar un informe sobre los retrasos en los pagos.

En este informe se detalla (DO C 216 de 17/07/1997) que son muy pocos los países de la Unión Europea que han adoptado medidas para mejorar los pagos entre empresas, mientras que en el resto no se ha hecho nada o “muy poco”. También remarca el incremento de los plazos medios de pago en los países europeos alcanzando en el año 96 “los quince días de media”.

El informe hace hincapié en una anterior Recomendación relativa a los plazos de pago en transacciones comerciales, para luchar contra la morosidad estableciendo un marco jurídico que disuada la morosidad y garantice el respeto a los plazos de pago y garantizar estos plazos en las transacciones donde entre las partes contratantes exista desigualdad, especialmente los contratos públicos. Recordemos que este informe y Directiva es antes del 2000!

En España se recoge definitivamente el guante con la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, si bien en la legislación española han existido diferentes normas que de una manera u otra regulaban las acciones a ejercer en caso de impagados, como el Código de Comercio o el Código Civil, o incluso plazos de cobro en operaciones comerciales, como en el caso del comercio minorista o (Ley 7/1996) y la ley 28/1998 de Venta a Plazos de Bienes Muebles que regula distintas opciones contractuales.

Las principales medidas que introduce esta Ley son:

  • Establecer un plazo de exigibilidad de los intereses de demora.
  • Determinar el devengo automático del interés de demora.
  • Señalar el interés de demora.
  • Derecho del deudor a reclamar una indemnización por los costes de cobro.
  • Posibilidad de pactar cláusulas de reserva de dominio.
  • Introduce la posibilidad de declaración judicial de cláusula abusiva.

Estas medidas son recomendaciones de la Directiva Europea junto con una serie de Reglamentos para garantizar una seguridad jurídica al acreedor, que van entrando en vigor durante los siguientes años:

  • Reglamento 805/2004 por el que se establece un título ejecutivo europeo para créditos no impugnados.
  • Reglamento 1896/2006 por el que se establece un proceso monitorio europeo.
  • Reglamento 861/2007 por el que se establece un proceso europeo de escasa cuantía.

El 16 de febrero de 2011, se aprueba la Directiva 2011/7/UE por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (refundición), siendo la que actualmente está en vigor. En este nuevo redactado, vuelve a remarcarse los mismos aspectos que en los diferentes informes y Directivas anteriores, entre otros:

  • Las facturas se pagan con mucho retraso respecto al plazo previsto de pago.
  • Aún estando publicados los diferentes reglamentos para articular las acciones judiciales, éstos se han mostrado insuficientes, precisando de medidas complementarias.
  • Las empresas que operan en los distintos mercados internos necesitan que la normativa sea similar, de lo contrario se producen distorsiones de la competencia.
  • Necesidad de regulación y cumplimiento de las condiciones de pago entre contratistas de la Administración y sus proveedores y subcontratistas, así como los pagos de la Administración.
  • Anulación de las cláusulas y prácticas abusivas.
  • Permitir al acreedor cobrar intereses de demora sin necesidad de aviso o requerimiento previo.
  • Compensación por los gastos originados por el incumplimiento de pago.

Nuestra legislación adopta los mandatos de la Directiva 2011/7/UE, y realiza varias reformas sobre la Ley 3/2004, siendo a fecha de hoy su último redactado de fecha 1 de octubre de 2014, también la entrada en vigor de la Ley de Contratos del sector público modifica algunos apartados.

Aún así, después de varios Informes de la Comisión, Directivas, Leyes y parches, resulta que en el Comunicado de prensa del 15 de febrero de este año, la Comisión nos llama la “atención” mediante una Carta de Emplazamiento por mantener “una legislación que amplía sistemáticamente en treinta días el plazo legal”. La Comisión pide a cuatro Estados miembros que actúen, siendo éstos: Grecia, Italia, Eslovaquia y España, (cada uno por motivos concretos).

La legislación española, permite superar en 30 días el plazo legal, siendo en el sector de los pagos de la Administración, donde se produce este abuso en mayor medida. Los artículos que se deben aplicar están en diferentes Leyes, más o menos como en el resto de temas, y resulta realmente complicado el poder conocer cuáles son los plazos legales de pago en el caso de la Administración y sus diferentes interpretaciones.

Todos los preámbulos y exposición de motivos de las diferentes publicaciones de los Informes, Directivas, Reglamentos y Leyes, muestran la importancia que supone para la financiación de las empresas y, en concreto la mayoría pymes, pero la realidad y la aplicación, hace realmente complicado su cumplimiento, al no contemplarse sobre todo por las empresas la denuncia por las prácticas y cláusulas abusivas.

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